El Presupuesto 2026 que el Gobierno de Javier Milei busca tratar en el Congreso incorpora un capítulo de fuerte impacto fiscal: exenciones impositivas y alícuotas reducidas que representan beneficios por casi $5 billones para distintos sectores productivos. Se trata de partidas que no figuran como gasto directo, pero que reducen la recaudación del Estado.
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De acuerdo con el detalle oficial, la mayor parte de ese monto corresponde a los regímenes de promoción económica, cuyo costo fiscal asciende a $4,8 billones, equivalentes al 0,47% del PBI. Estos beneficios forman parte del denominado “gasto tributario”, que para 2026 alcanzaría los $35 billones, es decir, el 3,4% del Producto Bruto Interno.
Entre los esquemas más relevantes aparece el régimen especial de Tierra del Fuego, con un costo estimado de $1,7 billones (0,17% del PBI), sustentado en exenciones de IVA, Ganancias, derechos de importación y una alícuota reducida de impuestos internos. También se destaca el régimen de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que demandará más de $1 billón por la posibilidad de computar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
El listado incluye además la promoción minera, con beneficios cercanos a los $600.000 millones, y el régimen de economía del conocimiento, estimado en $491.000 millones, que combina bonos de crédito fiscal y un tratamiento diferencial en Ganancias. A esto se suman otros esquemas, como el régimen autopartista ($272.000 millones) y el de Sociedades de Garantía Recíproca, utilizado para financiamiento pyme, con un costo de $291.000 millones.
El gasto tributario no se limita al sector empresarial. El proyecto también contempla exenciones y tratamientos especiales para personas humanas, bienes y servicios. En ese universo se encuentra el monotributo, cuyo costo fiscal rondaría los $10 billones, y la exención del Impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial.
Desde el Ejecutivo señalaron que el Presupuesto 2026 busca transparentar y cuantificar estos regímenes, en su mayoría heredados, con el objetivo de revisarlos y evaluarlos sin frenar la actividad económica. La estrategia oficial apunta a ordenar las cuentas públicas y reducir distorsiones, manteniendo incentivos productivos bajo criterios de mayor control y previsibilidad.