El Gobierno nacional avanza con la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), un ambicioso plan para modernizar miles de kilómetros de rutas mediante inversión privada total, sin recurrir a fondos del Estado.
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Tras la revisión de impugnaciones, el proceso licitatorio continúa con criterios técnicos y financieros estrictos, en un esquema que busca garantizar transparencia, previsibilidad y calidad en la red vial.
En esta nueva etapa se licitan más de 1.900 kilómetros de rutas, incluyendo corredores clave como la Ruta Nacional 3, la Ruta 5 y accesos estratégicos al AMBA, fundamentales para la producción y la logística.
El proceso mostró un fuerte interés del sector privado: se presentaron 19 ofertas, de las cuales 12 fueron admitidas tras cumplir con los requisitos de solvencia y capacidad técnica.
Uno de los casos más relevantes fue la exclusión de AUBASA, que no logró acreditar capacidad para ejecutar obras ni cumplir con los límites de endeudamiento exigidos, lo que evidenció el rigor del sistema.
Desde el Gobierno remarcan que los criterios fueron uniformes para todos los oferentes, reforzando un esquema sin discrecionalidad ni privilegios.
El modelo marca un cambio profundo respecto al esquema anterior de obra pública, históricamente financiado por el Estado y asociado a déficit, sobrecostos y deterioro de la infraestructura.
En contraste, el nuevo sistema se apoya en pilares claros:
- Inversión 100% privada
- Tarifas con tope y competencia
- Estándar “bache cero” obligatorio
- Límite de rentabilidad (TIR máxima del 15%)
Además, el plan prevé un ahorro fiscal de USD 6.100 millones anuales durante los próximos años, consolidando su impacto en las cuentas públicas.
Otro eje clave es la implementación del sistema “Free Flow”, que eliminará las barreras de peaje y permitirá el cobro automático, reduciendo tiempos de viaje y costos logísticos.
La iniciativa también contempla la disolución de estructuras deficitarias como Corredores Viales S.A., que gestionaba miles de kilómetros con fuerte dependencia del Tesoro.
Con más de 9.000 kilómetros en proceso de concesión, el Gobierno busca transformar la infraestructura en un motor de inversión y desarrollo, dejando atrás un modelo basado en el gasto público.
El mensaje es claro: menos Estado financiando obras, más sector privado invirtiendo y gestionando con eficiencia.