El Gobierno nacional avanzó con una nueva reforma para el sector minero al actualizar el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera mediante el Decreto 482/2026. La medida busca adaptar una normativa que permanecía prácticamente sin cambios desde 1993 y forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei.
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La actualización apunta a simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica, con el objetivo de generar un marco más competitivo para uno de los sectores con mayor potencial exportador de la economía argentina.
Uno de los cambios centrales es la incorporación de mecanismos digitales para agilizar trámites. A partir de ahora, las empresas beneficiarias deberán constituir un domicilio legal electrónico, permitiendo acelerar notificaciones y gestiones administrativas mediante plataformas digitales.
La nueva reglamentación también redefine los requisitos para acceder a los beneficios previstos por la ley. Los proveedores y prestadores de servicios deberán acreditar una participación mínima de actividades vinculadas a la minería, mientras que los nuevos proyectos tendrán que presentar información técnica y documentación que respalde su viabilidad.
Otro de los puntos destacados es la ampliación del criterio de integración regional, que extiende a 500 kilómetros el radio para vincular yacimientos, plantas de procesamiento e infraestructura asociada. Según el Gobierno, esto permitirá desarrollar cadenas productivas más eficientes y competitivas.
La reforma también introduce precisiones sobre la estabilidad fiscal por 30 años, uno de los principales incentivos para las inversiones mineras. El nuevo esquema establece reglas más claras para la presentación de proyectos y fija procedimientos específicos para eventuales incumplimientos.
En materia tributaria, se simplificó el sistema de devolución anticipada del IVA para tareas de exploración y se eliminaron autorizaciones previas para importaciones destinadas a la actividad minera, que pasarán a gestionarse mediante declaraciones juradas digitales integradas a los sistemas de comercio exterior.
Además, la actualización incorpora cambios vinculados a la protección ambiental, permitiendo utilizar el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) como herramienta para garantizar eventuales tareas de remediación, siempre bajo supervisión de las autoridades competentes.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca consolidar un marco regulatorio más moderno para la minería, uno de los sectores que concentra buena parte de las inversiones proyectadas para los próximos años y que aparece como una de las principales apuestas para incrementar exportaciones y generación de divisas.