La Justicia tiene elementos suficientes para probar en un juicio oral que una parte de los fondos millonarios que el Estado le entregó al Polo Obrero durante los últimos cuatro años se desvió para actividades políticas. En su dictamen, de más de 200 páginas, el fiscal Gerardo Pollicita destacó algunas de esas maniobras. Todas las miradas apuntan a la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos”, que aportó 179 facturas para desviar más de 31 millones de pesos.
El socio gerente de “Rumbos”, Roberto Albornoz, fue aportante de al menos dos campañas del Partido Obrero. Según informó la Cámara Electoral, el 31 de diciembre de 2020 entregó $480.000 y un año más tarde hizo un aporte de $1.100.000, equivalente a unos 10 mil dólares de ese momento.
Esa imprenta estuvo en el radar de los investigadores desde el comienzo porque fue el mayor proveedor de facturas para desviar los fondos del Plan Trabajar. En la causa hay 179 facturas por servicios presuntamente prestados a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. En realidad, la imprenta era una pantalla para desviar fondos. La Justicia contabilizó facturas por $31.475.027.
Pero a su vez, esa imprenta tuvo un rol central en las campañas electorales. Según se desprende del dictamen de Pollicita, fue contratada por el Partido Obrero para los rubros de “gastos de impresión de boletas” y “gastos de publicidad” por un total de $18.936.455. Los datos fueron aportados por la Cámara Electoral.
El dictamen de Pollicita tiene un anexo con un detalle de todas las facturas truchas analizadas. En total son 188 porque aparecen otras empresas y algunos particulares. Al momento de procesar a los dirigentes del PO, el juez Sebastián Casanello también mencionó a Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y a Carlos Monfrini, inscrito ante la AFIP como productor de espectáculos teatrales y musicales.
Ayer, el fiscal Pollicita pidió que el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean enviadas a juicio oral y público por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Tras una maniobra de simulación, parte de ese dinero terminaba en la política.
Fuente: infobae.com