El expresidente Alberto Fernández llegó este lunes a los tribunales federales de Comodoro Py para participar de una audiencia clave para el futuro de la causa Seguros, que lo tiene entre los principales imputados.
La Sala II de la Cámara Federal citó a la defensa del ex Jefe de Estado, a cargo de Mariana Barbitta, para que exponga los motivos por los cuales sigue reclamando la recusación del juez Julián Ercolini. El magistrado ya indagó a casi todos los acusados y en breve decidirá si los procesa.
En ese expediente, Alberto Fernández fue indagado el 27 de noviembre. Fue el primero de una lista de 39 personas que incluyen al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero. Unos días después, la defensa del ex presidente activó una estrategia para intentar apartar a Ercolini. El 4 de diciembre, el juez rechazó in limine el primer planteo de recusación. Desde entonces, el caso está en la Sala II.
Tras una serie de idas y vueltas, el juez Roberto Boico citó a una audiencia para el 23 de diciembre, pero se terminó prorrogando para este lunes porque la abogada de Fernández estaba fuera del país.
Allegados de la defensa deslizaron que presentarán pruebas “contundentes que prueban la enemistad con el juez”.
En el expediente de los seguros, Fernández fue a la indagatoria y no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Esa actitud cayó muy mal en Comodoro Py. Solo presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.
El ex presidente también intentó desligarse de su (¿ex?) amigo Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.
La acusación central apunta a Fernández, algunos brokers, y varios funcionarios de Nación Seguros como Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.
Cuando lo llamó a indagatoria, Ercolini acusó a Fernández de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Toda esa maniobra habría beneficiado a un puñado de empresas. Todas están alertas del futuro de la causa.