La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión clave para el esquema productivo del país. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Javier Milei y contó con respaldo de provincias con actividad minera.
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La nueva normativa redefine qué zonas deben ser protegidas, limitando la categoría a glaciares y áreas periglaciares con función hídrica comprobable. El objetivo es dejar atrás interpretaciones amplias que, según el oficialismo, generaban incertidumbre y bloqueos a inversiones.
Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento del rol de las provincias, que pasarán a determinar —con base en estudios técnico-científicos— qué áreas se protegen y cuáles pueden destinarse a actividades productivas.
En ese marco, se habilita el desarrollo de actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas que no actúen como reguladores hídricos. A la vez, se mantienen prohibiciones estrictas en áreas sensibles.
La ley establece además que todos los proyectos deberán pasar por Evaluaciones de Impacto Ambiental, y actualiza el Inventario Nacional de Glaciares, que será revisado cada cinco años.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma no implica una flexibilización ambiental, sino una corrección normativa que permitirá reactivar inversiones en sectores como el litio y el cobre, claves para la generación de divisas.
El debate también estuvo atravesado por protestas de sectores ambientalistas frente al Congreso. Con la sanción, el Gobierno busca alinear regulación y desarrollo, en un intento por destrabar proyectos estratégicos.