La diputada santafesina Caren Tepp salió a reclamarle al gobierno nacional la emergencia hídrica por las inundaciones en el norte de Santa Fe, en medio de una situación crítica para miles de familias.
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El planteo, en sí mismo, se da en un contexto real de afectación climática. Pero rápidamente quedó atravesado por una fuerte contradicción política: la propia Tepp está denunciada por presunto desvío de fondos de una ONG que justamente asistía a inundados.
La causa, impulsada por el espacio Provincias Unidas, apunta a la utilización de más de $21 millones de la asociación civil 29 de Abril —creada para ayudar a víctimas de inundaciones— en campañas políticas del espacio kirchnerista Fuerza Patria, del que Tepp forma parte.
Según la presentación judicial, los fondos habrían sido derivados a publicidad electoral y manejo de redes sociales, en una maniobra incompatible con los fines sociales de la organización.
Desde la denuncia fueron categóricos: “Dinero que debía ir a familias afectadas terminó financiando política”.
El expediente está en manos de la Justicia, pero el caso ya generó un fuerte impacto porque expone un patrón que se repite: estructuras sociales utilizadas como caja política dentro del kirchnerismo.
En ese marco, el reclamo de Tepp vuelve a poner el foco sobre su propio espacio político. Mientras exige recursos al Estado nacional para asistir una emergencia, arrastra cuestionamientos por el manejo de fondos destinados a situaciones similares.
La situación no es menor: Tepp no es una figura aislada, sino parte de un armado político vinculado al kirchnerismo santafesino, donde —según denuncias— ONGs y organizaciones territoriales funcionan como engranajes de financiamiento y construcción electoral.
Así, el pedido de emergencia no solo abre el debate sobre la asistencia estatal, sino también sobre quiénes la reclaman y con qué antecedentes.