El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó suspender la aplicación del protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales de la gestión de Javier Milei en materia de seguridad y orden público. Desde el Ejecutivo sostienen que la resolución es jurídicamente errónea y desconoce precedentes que avalaron la medida.
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La decisión fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, que hizo lugar a una acción de amparo y dispuso dejar sin efecto el procedimiento establecido por el Ministerio de Seguridad. Frente a este escenario, el Gobierno anunció que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde la Casa Rosada remarcaron que el protocolo no prohíbe la protesta, sino que ordena su desarrollo para garantizar la libre circulación y evitar bloqueos. Funcionarios nacionales señalaron que la medida cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y recordaron que fue validada en distintas oportunidades por la Justicia.
En el entorno presidencial también denunciaron un trasfondo político detrás del fallo. Afirmaron que más del 70% de la sociedad respalda el protocolo y advirtieron que su suspensión implica un retroceso en materia de orden público. “Sin protocolo vuelve el caos”, señalaron fuentes oficiales.
El magistrado sostuvo que la resolución que creó el procedimiento avanzó sobre competencias del Poder Legislativo. Sin embargo, desde el Ejecutivo recordaron que el propio juez había rechazado anteriormente suspender el protocolo y que incluso supervisó su aplicación en manifestaciones públicas meses atrás.
La resolución actual respondió a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización que mantiene una posición crítica frente a las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno. Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que el protocolo no restringe derechos, sino que busca equilibrarlos.
Finalmente, el Ejecutivo ratificó que no dará marcha atrás y que defenderá el protocolo en todas las instancias judiciales. Desde el Gobierno aseguran que la herramienta permitió recuperar el orden en el espacio público y sostener el derecho de los ciudadanos a trabajar, circular y vivir en paz.