La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó un balance de los primeros dos años de gestión y apuntó contra el sistema de corrupción estructural que, según sostuvo, operaba alrededor de los planes sociales y los movimientos piqueteros. Afirmó que el Gobierno logró desarticular ese entramado mediante una acción coordinada con el área de Seguridad.
Te puede interesar
En declaraciones radiales, Pettovello describió una red extendida dentro del Estado, sostenida por una multiplicación de organismos y programas sin controles efectivos. Según explicó, esa estructura permitió durante años el desvío de fondos y la opacidad en la asignación de recursos. “La superposición de ministerios y planes servía para esconder la falta de transparencia”, señaló.
Uno de los ejes centrales fue el control del espacio público. La ministra atribuyó el fin de los piquetes a una estrategia conjunta: Patricia Bullrich garantizó el orden en la calle, mientras Capital Humano cortó el financiamiento a las organizaciones que utilizaban los planes como herramienta de presión política. De acuerdo con Pettovello, el quiebre se produjo cuando el Estado dejó de transferir recursos a intermediarios.
La funcionaria también detalló cómo operaban los denominados “gerentes de la pobreza”, a quienes acusó de ocupar roles dentro y fuera del Estado para inflar subsidios y facturar gastos inexistentes. Mencionó el uso de cooperativas y mecanismos de facturación irregular, junto con la ausencia de controles sobre los beneficiarios. “Había padrones sin verificar y millones administrados sin trazabilidad”, afirmó.
Para revertir ese esquema, el Gobierno avanzó con la digitalización y tecnificación de los sistemas de pago y control, en particular a través de ANSES, con el objetivo de asegurar que los fondos lleguen de manera directa a las personas. Pettovello sostuvo que el cambio fue sustancial: hoy, dijo, la gran mayoría del presupuesto social va al destinatario final, sin intermediarios.
En el tramo final, la ministra defendió la reforma laboral que el Ejecutivo prevé debatir en febrero, al señalar que el mercado de trabajo actual empuja a millones a la informalidad. Rechazó las críticas y sostuvo que proteger el empleo es condición indispensable para garantizar derechos. También se refirió a las denuncias en su contra y aseguró que responden a su decisión de transparentar la gestión pública.