El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa del reordenamiento del sistema de medicina privada y dispuso la baja de otras 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
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La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) luego de una serie de auditorías destinadas a determinar qué organizaciones registradas efectivamente prestaban servicios y cumplían con los requisitos establecidos por la legislación.
Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, contemplan según cada caso el rechazo de la inscripción definitiva y la eliminación de registros provisorios correspondientes a empresas, mutuales y cooperativas.
De acuerdo con los relevamientos oficiales, las entidades alcanzadas no acreditaron desarrollar actividades comprendidas por la Ley 26.682, no registraban afiliados activos o no habían presentado la documentación necesaria para obtener la autorización definitiva.
Un padrón bajo la lupa
El nuevo paquete de bajas forma parte de una política que la Superintendencia viene aplicando para depurar el registro de prestadores privados y eliminar entidades que permanecían formalmente anotadas sin demostrar actividad real.
Desde el organismo sostienen que mantener organizaciones inactivas dentro del RNEMP distorsiona la información disponible sobre el sector y dificulta la fiscalización.
El objetivo oficial es que el padrón refleje únicamente a las entidades que realmente funcionan, brindan prestaciones y cuentan con capacidad para responder por las obligaciones que impone la normativa.
Entre las 18 entidades alcanzadas se encuentran Plan Odontológico Integral S.A., Instituto Materno Infantil S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Huinca Salud S.A., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Timely Medical, Premedikal S.R.L., Emergencia S.R.L. y Cardio S.A., además de mutuales y cooperativas.
Las bajas no dejan afiliados sin cobertura
Uno de los puntos centrales de las auditorías es que, según la información oficial correspondiente a estas exclusiones, las entidades dadas de baja no contaban con beneficiarios activos ni estaban brindando prestaciones efectivas al momento de las verificaciones.
Por ese motivo, la medida no supone quitarle cobertura médica a usuarios que estuvieran utilizando actualmente esos servicios.
La intervención apunta, en cambio, a eliminar del registro estructuras sin funcionamiento efectivo y evitar que continúen figurando administrativamente como prestadores habilitados cuando no reúnen las condiciones correspondientes.
Más controles sobre el sistema
La ofensiva administrativa no quedó limitada a las prepagas. La Superintendencia también declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos, mediante la Resolución 1458/2026.
La decisión se produjo después de detectar incumplimientos prestacionales, contables, jurídico-institucionales, económico-financieros y vinculados con la atención de los beneficiarios.
El organismo intimó a la obra social a presentar un plan de contingencia dentro de los próximos 15 días y dispuso un esquema de seguimiento para controlar las medidas correctivas.
Con estas decisiones, el Gobierno busca profundizar el saneamiento administrativo del sistema sanitario, reforzar las auditorías y dejar atrás un padrón en el que podían permanecer entidades sin actividad comprobable.