En una decisión que apunta a abrir información sensible al público, el Gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación de archivos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983.
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La medida incluye la publicación de documentos oficiales y su posterior transferencia al Archivo General de la Nación, como parte de un proceso orientado a mejorar el acceso a información clave de la historia reciente.
En una primera etapa, se pondrán a disposición 26 documentos oficiales que suman 492 páginas, acompañados por una guía explicativa para facilitar su análisis por parte de investigadores, periodistas y ciudadanos.
El material fue organizado en carpetas temáticas según su relevancia institucional e histórica, e incluye resoluciones, informes, memorandos y directivas elaboradas durante una etapa marcada por fuertes tensiones políticas y sociales.
Además, la publicación incorpora una línea de tiempo que permite ubicar cada documento en su contexto, aportando mayor claridad para su interpretación.
Entre los archivos difundidos se encuentra un glosario de 1977 que detalla conceptos vinculados a la actividad de inteligencia, incluyendo definiciones sobre operaciones psicológicas, contrainteligencia y registro de organizaciones.
También se describen funciones específicas de distintas áreas del organismo, como las tareas de seguimiento e investigación de personas y entidades tanto a nivel local como internacional.
Otro documento relevante es una circular de 1976 que delimita el rol de la SIDE como un organismo de carácter informativo y no operativo, estableciendo que las acciones represivas quedaban bajo responsabilidad de las fuerzas militares y de seguridad.
El material también permite observar la estructura interna del organismo durante ese período, incluyendo áreas dedicadas a la contrasubversión y el análisis de distintas corrientes ideológicas.
La decisión de avanzar con la desclasificación se enmarca en una política de apertura de archivos y acceso a la información pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional.
En un contexto donde durante años gran parte de esta documentación permaneció cerrada, la medida marca un cambio en el manejo de información sensible del Estado y habilita nuevas herramientas para el análisis histórico.