El Gobierno nacional avanzará con una nueva etapa de reformas en el Sistema de Inteligencia Nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica aspectos centrales de la Ley 25.520 y profundiza los cambios iniciados en 2024. El objetivo es ordenar un esquema históricamente fragmentado y dotarlo de mayor coherencia institucional.
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Uno de los ejes principales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, que funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y permitirá integrar información estratégica proveniente de distintos organismos del Estado. A su vez, se conformará una Comunidad Informativa, integrada por áreas que aportarán datos relevantes sin realizar tareas de inteligencia en sentido estricto.
La reforma también establece una separación clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas críticos quedará bajo un nuevo esquema específico, mientras que la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de información estratégica en el ámbito digital, con mayor transparencia y cooperación internacional.
Otro punto central es la redefinición del rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a dedicarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia preventiva, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En paralelo, se elimina la DNIEM y la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto, para evitar superposiciones.
Finalmente, el decreto refuerza los mecanismos de control interno, con la creación de una Inspectoría General de Inteligencia con mayores facultades de auditoría y supervisión. Desde el Ejecutivo señalan que la reforma busca profesionalizar el sistema, fijar reglas claras y fortalecer la capacidad estratégica del Estado en un contexto global cada vez más complejo.