El paro general convocado por la CGT podría generar una pérdida cercana a USD 575 millones, según estimaciones del Ministerio de Economía basadas en proyecciones sectoriales y niveles de acatamiento moderados. Aun con una adhesión dispar —entre 30% y 50% según la actividad—, el impacto ubicaría a la huelga entre las más costosas de los últimos años.
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Desde el Gobierno remarcan que se trata de una medida de carácter político, convocada en rechazo a la reforma laboral, cuyo efecto económico recaerá principalmente sobre el comercio, la industria y los servicios. El cálculo oficial considera el freno parcial de la actividad en sectores clave y el efecto dominó que generan las interrupciones en la movilidad y la logística.
El transporte público aparece nuevamente como el factor decisivo en la magnitud del daño económico. En la Casa Rosada advierten que la eventual adhesión de la UTA —que se encuentra bajo conciliación obligatoria— podría derivar en sanciones severas, incluida la pérdida de personería jurídica. Sin colectivos, el funcionamiento del aparato productivo se reduce de manera inmediata.
El antecedente más cercano es el paro del 10 de abril de 2025, cuando la circulación normal de colectivos limitó el impacto a unos USD 194 millones. Sin transporte, los cálculos técnicos indicaban que la pérdida habría superado los USD 539 millones, un rango similar al proyectado para la jornada actual.
Estudios del Instituto de Economía de la UADE ubican el costo de un paro general con alta adhesión entre USD 500 y 600 millones, lo que confirma que la estimación oficial se encuentra dentro de parámetros habituales para este tipo de medidas. La variable crítica sigue siendo la movilidad: cuando el transporte se detiene, la economía prácticamente se paraliza.
Desde el oficialismo sostienen que el paro evidencia la resistencia sindical a la modernización laboral y que el costo económico recae sobre trabajadores y empresas, no sobre las dirigencias gremiales. En ese marco, el Gobierno insiste en que la reforma apunta a reducir litigiosidad, promover empleo formal y mejorar competitividad, mientras acusa a la CGT de intentar frenar cambios estructurales mediante presión política.
Con niveles de adhesión relativamente bajos pero un costo económico elevado, la jornada vuelve a mostrar el impacto real de las huelgas generales en la actividad productiva. Para el Ejecutivo, el mensaje es claro: la Argentina que busca crecer no puede seguir pagando paros políticos millonarios.