En Santa Fe, un docente con un cargo de 25 horas semanales percibe $1.400.000 de salario inicial, el piso más alto del país y por encima de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén. Aun así, el discurso sindical insiste en que “el sueldo no alcanza” y mantiene el clima de confrontación en las escuelas.
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El contraste vuelve a poner en discusión el rol de la dirigencia gremial en la educación provincial: la provincia paga mejor que el resto, pero el conflicto se sostiene igual. En ese esquema, la discusión salarial convive con una estructura sindical que conserva poder dentro del sistema educativo aun cuando los indicadores salariales son los más altos del país.
El caso de María José Alonso, dirigente sindical y hermana del titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, se transformó en un símbolo de esa distancia entre el docente real y la burocracia gremial. Según denuncias difundidas en el debate público, lleva décadas sin ejercer frente al aula mientras mantiene su cargo docente, con un costo estimado para el Estado de 2,2 millones de dólares.
La dirigente sostiene que defiende a los docentes, pero su gestión incluyó decisiones como avalar el descuento sindical del 1,5% incluso a trabajadores no afiliados, obligando a financiar una estructura gremial que muchos docentes no eligieron. El caso expone una tensión de fondo: el sindicalismo habla en nombre de los docentes, pero muchas veces decide por encima de ellos.
La diferencia se vuelve cada vez más visible dentro del sistema: el buen docente está en el aula enseñando; el sindicalista está en la escuela organizando poder. Mientras tanto, los alumnos vuelven a quedar en el medio de conflictos que poco tienen que ver con la realidad salarial de la provincia.
El debate de fondo reaparece con fuerza: si Santa Fe paga los mejores sueldos docentes del país, ¿el problema es el salario o el control sindical sobre la educación? En esa tensión quedan dos víctimas claras: los docentes que sí trabajan y, antes que nadie, los chicos que pierden clases.