El Gobierno nacional avanzará en una modificación del régimen laboral para personas privadas de libertad, dejando expresamente establecido que los internos no estarán alcanzados por la legislación laboral común, lo que implicará el fin del aguinaldo, vacaciones pagas y equiparación con jornadas formales de ocho horas.
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La definición quedó plasmada en el inciso H del artículo 1 de la Ley de Modernización Laboral, donde se excluye explícitamente a quienes se encuentren en contexto de encierro del alcance de la normativa general. En la Casa Rosada sostienen que la redacción apunta a cerrar interpretaciones judiciales que extendieron beneficios laborales plenos al sistema penitenciario.
La decisión retoma una línea impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich y que ahora profundizará la ministra Alejandra Monteoliva. El objetivo es evitar que continúen aplicándose fallos que obligaron al Estado a pagar Salario Mínimo Vital y Móvil, aguinaldo y vacaciones a detenidos, aun cuando no hubieran trabajado la totalidad de la jornada.
El antecedente clave se remonta a fallos de la Cámara Federal de Casación Penal en 2014 y a una resolución que la Corte Suprema dejó firme en 2021, consolidando la equiparación entre internos y trabajadores libres. Desde entonces, el Servicio Penitenciario Federal debió liquidar salarios completos incluso cuando la carga efectiva de tareas era inferior, siempre que el interno estuviera disponible.
Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva reglamentación buscará restablecer el sentido original del trabajo intramuros: resocialización y capacitación laboral, sin asimilarlo al empleo en libertad. Aclaran que se mantendrá una contraprestación económica, pero bajo un esquema diferenciado del régimen general.
Además, la reforma incluyó la derogación de artículos de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que vinculaban el trabajo penitenciario con la legislación laboral común. Según fuentes oficiales, la redacción fue diseñada para evitar futuras impugnaciones judiciales.
En la visión del Gobierno, la medida corrige una distorsión generada por años de inacción legislativa y decisiones judiciales expansivas, y redefine con mayor claridad los límites entre el sistema penitenciario y el mercado laboral formal.