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La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al corrupto Julio De Vido y cumplirá la condena en su casa de Zárate

El exministro kirchnerista condenado por la Tragedia de Once fue beneficiado con arresto domiciliario por motivos de salud y dejará el penal de Ezeiza.

Por Redacción

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 12:16

La Cámara Federal de Casación Penal autorizó el traslado de Julio De Vido a su domicilio en Zárate y le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a la condena de 4 años de prisión que cumple por administración fraudulenta vinculada a la Tragedia de Once.

La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, y ejecutada por el juez del Tribunal Oral Federal 4, Ricardo Basílico. Según la resolución, el exfuncionario continuará bajo monitoreo electrónico y tendrá prohibida la salida del país.

El beneficio se fundamentó en problemas de salud que, según informes médicos oficiales, no podrían ser tratados adecuadamente dentro del penal de Ezeiza. Entre las patologías mencionadas figuran enfermedad cardiovascular, diabetes insulinodependiente, hipertensión, antecedentes de ACV y un infarto sufrido en abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent.

Los peritajes del Cuerpo Médico Forense señalaron además que el entorno carcelario podría agravar el cuadro clínico del exministro, considerado un “paciente de alto riesgo cardiovascular”. A partir de esos informes, la Justicia habilitó el cumplimiento de la condena fuera de prisión.

De Vido fue uno de los funcionarios más poderosos durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 y quedó condenado por su responsabilidad en la causa “Once II”, vinculada al choque ferroviario de 2012 que provocó 52 muertes y cientos de heridos. Además, el exministro continúa involucrado en otras investigaciones de corrupción, entre ellas la causa Cuadernos, donde se investigan presuntos sobornos en la obra pública.

La decisión judicial volvió a generar cuestionamientos sobre el tratamiento de exfuncionarios condenados por corrupción y reavivó el debate sobre la impunidad en causas de alto impacto político. Desde sectores alineados al gobierno de Javier Milei insisten en la necesidad de avanzar con reformas para endurecer las condiciones de cumplimiento de condenas por delitos contra la administración pública.

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