El exgobernador Jorge Capitanich quedó en el centro de un escándalo judicial tras el pedido de procesamiento impulsado por el fiscal federal Carlos Amad, en una causa que investiga una estructura organizada de corrupción en la provincia del Chaco.
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La imputación incluye delitos de fraude contra la administración pública, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y malversación de fondos, en un esquema que, según la fiscalía, operó de manera sostenida en el tiempo y desde posiciones de poder.
De acuerdo al dictamen, Capitanich habría sido una pieza clave en una red que permitió adjudicar tierras fiscales y otorgar beneficios económicos a personas vinculadas políticamente, mediante la firma de decretos y convenios que daban apariencia legal a las maniobras.
La investigación señala que estas operaciones no fueron aisladas, sino parte de una operatoria sistemática para insertar en el circuito legal un patrimonio que no puede ser justificado, con participación de funcionarios y empresarios cercanos.
Uno de los puntos más graves del expediente es la entrega de tierras públicas a socios del entorno de la exministra Marta Soneira, quien también está imputada en la causa. Según el fiscal, estas adjudicaciones se realizaron de manera discrecional y en manifiesta ilegalidad, beneficiando a personas directamente vinculadas al poder.
En ese sentido, Amad fue categórico: sostuvo que se trató de “organizaciones criminales destinadas a defraudar al Estado y lavar dinero”, y rechazó la defensa de Capitanich, quien había argumentado no tener control sobre cada decisión administrativa.
El dictamen también expone irregularidades en los procesos: solicitudes “calcadas”, incumplimiento de requisitos legales, beneficiarios con propiedades previas y maniobras para ocultar vínculos societarios, lo que refuerza la hipótesis de direccionamiento.
Además, se detectó que las decisiones incluyeron beneficios fiscales, subsidios, reducción de impuestos y acceso a servicios públicos, favoreciendo a un círculo cercano de empresarios y allegados al poder político.
Para la fiscalía, Capitanich no solo firmó los decretos, sino que no podía desconocer a quiénes se beneficiaba, ya que los adjudicatarios estaban directamente vinculados con funcionarios de su propio gobierno.
El avance judicial deja al exgobernador en una situación crítica, con una causa que apunta no solo a hechos puntuales, sino al funcionamiento de un sistema estructural de corrupción basado en el uso discrecional de recursos públicos y tierras fiscales.