La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó la primera condena vinculada al protocolo antipiquetes, aplicado durante las protestas frente al Congreso en el marco del debate por la Ley Bases.
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La jueza María Julia Correa, titular del Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, condenó a cuatro manifestantes por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. Los imputados —Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa— recibieron seis meses de prisión en suspenso, por lo que no deberán cumplir pena efectiva.
Los hechos ocurrieron durante una jornada de alta tensión en las inmediaciones del Congreso, mientras dentro del recinto se desarrollaba una sesión clave para el rumbo político y económico del país. Según la investigación, los condenados participaron de episodios violentos que alteraron el orden público en el exterior del Parlamento.
La causa fue impulsada por el fiscal Tomás Vacarezza, mientras que la acusación en el juicio estuvo a cargo de Alejandro Miguel Gargano. De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados no formaban parte de una protesta pacífica, sino que contribuyeron a generar un escenario de violencia, arrojando objetos contra efectivos de seguridad.
Durante el operativo, la Policía Federal detuvo a 14 personas, entre ellas los cuatro finalmente condenados. Testimonios policiales incorporados a la causa indicaron que los acusados lanzaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados.
El proceso judicial se desarrolló con restricciones de acceso: no se permitió el ingreso del público ni de la prensa, y solo asistieron familiares y representantes legales de los imputados.
Las defensas anticiparon que apelarán la sentencia, mientras que los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 25 de marzo.
La resolución marca un precedente judicial en relación con las detenciones realizadas durante los disturbios en el Congreso y abre una nueva etapa en la aplicación del protocolo de orden público.