El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de transferencia de competencias judiciales hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de dos convenios firmados entre los ministerios de Justicia de Nación y CABA, se avanzó en el traspaso de delitos penales y de la Justicia Penal de Menores, una reforma que apunta a simplificar el funcionamiento del sistema judicial.
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Los acuerdos fueron rubricados por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, y todavía deberán ser ratificados por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña para entrar en vigencia. La iniciativa forma parte del proceso de consolidación de la autonomía de la Ciudad, reconocida constitucionalmente desde 1994.
Entre las competencias que pasarán a la órbita de la Justicia porteña figuran distintos delitos previstos en el Código Penal, como calumnias e injurias, delitos contra la integridad sexual, hechos vinculados con la privación ilegítima de la libertad, la reducción a la servidumbre, la sustracción de menores, las amenazas coactivas y el entorpecimiento del transporte, entre otros.
El convenio también incorpora causas contempladas en leyes penales especiales, como las relacionadas con la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre, ampliando el universo de expedientes que pasarán a ser administrados por la Justicia de la Ciudad.
Uno de los cambios más relevantes será el traspaso de la Justicia Penal de Menores. A partir de la entrada en vigencia de los acuerdos, CABA asumirá la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de intervenir en las medidas de protección para menores de esa edad cuando corresponda. También se estableció que, cuando un mismo hecho involucre a menores y mayores de edad, toda la causa quedará bajo una única jurisdicción para evitar demoras y conflictos de competencia.
La medida se apoya en el Decreto 547/2026, mediante el cual el presidente Javier Milei facultó al Ministerio de Justicia a negociar este tipo de transferencias con la Ciudad. Desde ambas administraciones sostienen que el objetivo es construir un sistema judicial más cercano, eficiente y con respuestas más rápidas para los ciudadanos.