La campaña 2017 del PRO en provincia de Buenos Aires está en la mira de la Justicia hace tiempo. Y con foco especialmente en los denominados "recaudadores": Alfredo Gabriel Irigoin, Carla Silvia Chabán, Julián Vilche (todos ellos responsables legales de la rendición de los gastos) y Mauricio Redigonda, miembros de “Cambiemos Buenos Aires”, la expresión bonaerense de la extinta coalición.
Al menos casi 2 millones de pesos de ese año (122 actualizados al valor de hoy) fueron aportados de manera irregular sin que se conozca su verdadero origen. El juez Ramos Padilla consideró que los cuatro miembros de Cambiemos cometieron “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, e interpretó que habilitar el pedido de excepción de los acusados representaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales. A su vez, se respaldó en la definición del Juzgado Federal 1, que decidió que la prolongación del conflicto de competencia no suponía “privar de respuesta penal” la indagación de los sucesos.
“No debe olvidarse que para las elecciones mencionadas la agrupación ‘Cambiemos Buenos Aires’ declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602.”, afirmó Ramos Padilla.
¿De qué va la causa?
La investigación judicial identificó al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes. De esa cifra, 55 fueron rubricados por Julián Vilche por un total de $554.500 (unos u$s 35.000 de la época); otros 96 por Alfredo Irigoin por $527.500 (u$s 33.000); 84 fueron firmados por Carla Chabán por $442.250 (u$s 27.650); y 81 fueron avalados por Mauricio Redigonda (u$s 27.450).
La mayor parte de ese dinero fue canalizado en efectivo, lo que complejizó el seguimiento del dinero. A su vez, muchos de los aportes falsos fueron atribuidos a personas beneficiarias de planes sociales o personas con discapacidad.