El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la ley de expropiaciones con el objetivo de reducir la discrecionalidad estatal y reforzar la seguridad jurídica. La iniciativa surge tras el fallo en el juicio por YPF y apunta a evitar nuevos litigios de alto costo para el país.
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El eje central de la propuesta es limitar las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales”, estableciendo reglas más claras para su aplicación y fortaleciendo la protección de la propiedad privada.
Uno de los cambios principales es que el valor del bien deberá definirse antes de cualquier intervención estatal, mediante mecanismos de evaluación independientes y criterios públicos, para evitar distorsiones en la tasación.
Además, el proyecto establece que la indemnización deberá pagarse en su totalidad y en efectivo antes de concretar la expropiación, salvo acuerdo en contrario. También contempla la actualización por inflación y el pago de intereses, garantizando una compensación completa.
Otro punto clave es la limitación de las ocupaciones temporales, que solo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo y por un plazo máximo de 60 días sin prórroga, con el objetivo de evitar intervenciones prolongadas.
Desde el oficialismo, el ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma y remarcó que busca dar previsibilidad, reducir riesgos legales y generar condiciones para atraer inversiones en sectores estratégicos.
Con este proyecto, el Gobierno intenta fijar nuevas reglas en materia de intervención estatal, con foco en la seguridad jurídica, la transparencia y la estabilidad económica.