El Gobierno nacional revisó y finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares que se mantenían hace décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, y dio de baja 1.796 pensiones por invalidez otorgadas en Chaco por la Agencia Nacional De Discapacidad, ANDIS, que no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas. Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona dijo: "Esto recién empieza, vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda"
En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que los contratos a cargo de ACARA que fueron rescindidos por el Ministerio de Justicia, “durante décadas se mantuvieron por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”. Además informó que también se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que “en un principio se pagaban para que los empleados se capaciten pero se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin contraprestaciones que lo justifiquen”. Esta erogación representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Por otro lado, Adorni indicó que una nueva auditoría de la Agencia Nacional De Discapacidad en la provincia de Chaco detectó que de 2.344 beneficiarios, solo 365 cumplían con los requisitos para mantener el beneficio de la pensión por invalidez, por lo que 7 de cada 10 pensiones “no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas”.
En consonancia con lo anunciado por el vocero presidencial, el titular de la cartera de Justicia confirmó el despido de 2.400 personas bajo "contratos irregulares". Los mismos pertenecían al Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).