El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, volvió a emitir un fallo que beneficia al kirchnerismo y perjudica al oficialismo libertario. En esta oportunidad, rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli encabece la lista bonaerense en lugar de José Luis Espert, quien había presentado su renuncia tras ser blanco de acusaciones impulsadas por sectores opositores.
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Aunque el magistrado aceptó la renuncia de Espert, decidió invalidar el corrimiento propuesto por el Gobierno al considerar “inconstitucional” el artículo 7 del decreto 171/19, que regula los reemplazos en las listas electorales. De esta manera, la nómina quedará encabezada por Karina Vázquez (Karen Reichardt), con Santilli en segundo lugar y Gladys Humenuk en el tercero.
Desde la Casa Rosada advirtieron que se trata de una decisión “inédita en la historia electoral argentina”, recordando que el mismo decreto fue aplicado sin objeciones en múltiples elecciones anteriores. Afirmaron que Ramos Padilla rompe la previsibilidad institucional y politiza el proceso electoral, otorgándose la facultad de alterar las listas partidarias según su propio criterio.
En el Gobierno interpretan el fallo como una maniobra orientada a confundir al electorado e impedir que La Libertad Avanza compita con una propuesta clara en la provincia más poblada del país. Para el oficialismo, se trata de una jugada funcional al kirchnerismo, destinada a frenar el crecimiento del espacio liberal en Buenos Aires.
Ramos Padilla es conocido por su cercanía al kirchnerismo y por sus antecedentes de militancia judicial. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ganó notoriedad al impulsar la llamada “causa D’Alessio”, con la que intentó instalar el relato del “lawfare” en defensa de dirigentes K. Su nombre ha estado vinculado a agrupaciones judiciales y actos partidarios afines al peronismo, lo que refuerza las sospechas sobre su falta de imparcialidad.
El rechazo a la candidatura de Santilli confirma el sesgo político de una parte del Poder Judicial bonaerense, que mantiene una doble vara evidente: rigor con los opositores y complacencia con los aliados del kirchnerismo. Para el entorno libertario, la decisión de Ramos Padilla vuelve a demostrar que la justicia, en ciertos despachos, sigue actuando más como un brazo partidario que como un poder independiente.