El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en Santa Fe por otros tres menores, volvió a instalar con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad penal, una discusión que el gobernador Maximiliano Pullaro sostiene públicamente desde 2024.
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La causa expuso nuevamente los límites del régimen vigente. Mientras la adolescente de 16 años imputada permanece detenida en un centro cerrado, los otros dos implicados, de 14 y 15 años, son no punibles por su edad. El caso, además, quedó marcado por la extrema violencia del ataque y por la difusión del video que los propios agresores filmaron durante el crimen.
En ese contexto, Pullaro reiteró su posición a favor de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que el juzgamiento debe centrarse en el delito cometido y no exclusivamente en la edad del autor. El mandatario sostuvo que adolescentes de 14 o 15 años comprenden plenamente la gravedad de sus actos, especialmente cuando se trata de homicidios cometidos con planificación y violencia extrema.
El gobernador explicó en distintas oportunidades que su mirada se consolidó durante su gestión como ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019, cuando tomó contacto directo con hechos delictivos protagonizados por menores. Desde entonces, mantiene una postura constante y pública en favor de una reforma del sistema penal juvenil.
El debate también avanza a nivel nacional. En 2025, un proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, aunque no fue tratado en el recinto. Con la nueva composición del Congreso, el oficialismo anticipó que volverá a impulsar la discusión, mientras que el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de nuevo Código Penal que plantea bajarla incluso a los 13 años.
Mientras la Justicia investiga el asesinato de Jeremías Monzón y la filtración del video del crimen, el caso volvió a funcionar como disparador de una discusión de fondo: cómo debe responder el Estado frente a delitos graves cometidos por menores y si el actual marco legal resulta suficiente para prevenir y sancionar hechos de extrema violencia.