La decisión de Donald Trump de aumentar de 20.000 a 80.000 toneladas la cuota anual de importación de carne argentina y de eliminar el arancel del 10% provocó duras críticas de los sectores demócratas en el Congreso. La medida, orientada a contener la inflación alimentaria y reforzar la oferta interna, fue atacada por legisladores que acusan a la Casa Blanca de “favorecer a la Argentina” en perjuicio de los productores norteamericanos.
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La suba de precios de la carne en Estados Unidos había generado una presión creciente sobre el gobierno republicano. Tras evaluar distintos mecanismos para ampliar la competencia y mejorar el abastecimiento, la administración Trump resolvió avanzar con el incremento de la cuota argentina, acompañado por una rebaja arancelaria total.
El anuncio desató protestas en el Partido Demócrata. Cerca de 50 congresistas enviaron una carta a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y al representante comercial, Jamieson Greer, afirmando que la decisión generó “caos” en el mercado interno. Incluso intentaron introducir críticas políticas al calificar al presidente argentino Javier Milei como un “líder extremista”.
Sin embargo, los propios firmantes admiten que Argentina es hoy apenas el octavo proveedor de carne vacuna en EE.UU. y que, aun con la ampliación, pasará a ser el sexto. El dato evidencia que la medida no representa un riesgo estructural para la ganadería local, sino una política puntual orientada a bajar costos y aumentar la competencia, beneficiando directamente a los consumidores.
En paralelo, Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar por presunta colusión de precios a las cuatro principales cadenas frigoríficas del país: Tyson Foods, JBS USA, Cargill y National Beef, que concentran más del 80% del mercado. La ampliación de la cuota para Argentina funcionaría como un nuevo factor disciplinador frente a posibles prácticas anticompetitivas.
La administración republicana subrayó que la implementación se realizará bajo estricta supervisión sanitaria, garantizando estándares de calidad. Con esta decisión, Trump consolida una política de libre comercio selectivo, que prioriza el alivio al bolsillo de los hogares estadounidenses por encima del lobby proteccionista de los sectores demócratas.