La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal II, una nueva reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei para profundizar los cambios en la relación entre el Estado y los contribuyentes y generar incentivos para que más ahorros ingresen al sistema formal.
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El proyecto consiguió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa representa una segunda etapa del esquema de Inocencia Fiscal promovido por el Ejecutivo y amplía el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El objetivo oficial es ofrecer mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
Uno de los principales cambios es la eliminación de los límites actuales para acceder al régimen simplificado. Hasta ahora existían topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio.
La modificación permitirá ampliar considerablemente el universo de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina que podrán incorporarse al sistema.
Además, el proyecto establece que la carga de demostrar una eventual irregularidad recaerá sobre ARCA, junto con modificaciones sobre la información que podrá utilizar el organismo en determinadas fiscalizaciones.
El plazo para ingresar al régimen y acceder a sus beneficios también será extendido hasta el 31 de diciembre de 2027.
Menos multas y más incentivos
La reforma contempla una reducción permanente del 25% en determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro.
También establece una reducción del 50% para determinadas multas pendientes, con el objetivo de facilitar la regularización de contribuyentes.
Uno de los grandes objetivos económicos detrás del proyecto es incentivar la incorporación al circuito formal de los denominados “dólares del colchón”, es decir, los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
La apuesta oficial es que una mayor formalización permita que parte de esos fondos pueda canalizarse hacia consumo, inversión y crédito, ampliando los recursos disponibles para financiar la actividad privada.
Con esta votación, el Gobierno consiguió avanzar con otra de las reformas de su agenda económica en Diputados. La definición quedó ahora en manos del Senado.