El Gobierno de Maximiliano Pullaro dispuso un sistema de auditoría sobre las declaraciones juradas docentes para el inicio de clases del 2 de marzo, en una medida destinada a garantizar la apertura de escuelas aun frente al paro impulsado por sectores gremiales y respaldar a los docentes que decidan trabajar.
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La decisión establece que todos los agentes deberán declarar formalmente si prestan servicio, con controles reforzados de asistencia real. El objetivo oficial es dar previsibilidad a las familias y proteger a quienes sostienen la continuidad educativa, evitando confusiones en medio de la medida sindical.
La declaración jurada será condición para no sufrir descuentos y mantener el plus de Asistencia Perfecta, política que la gestión santafesina utiliza para reconocer a los docentes que cumplen en el aula más allá de los conflictos gremiales. Quienes no completen el trámite serán considerados ausentes sin prestación.
El registro se realizará entre el 2 y el 4 de marzo mediante la plataforma Mi Legajo, con cruces administrativos y verificación posterior, en una señal de control sobre el impacto real de la huelga. La Provincia busca así identificar con claridad quiénes garantizan clases y quiénes adhieren al paro.
La medida se inscribe en la estrategia de Pullaro de sostener el calendario escolar y reducir la incidencia de paros reiterados, en un escenario de tensión con el sindicalismo docente. El enfoque provincial apunta a respaldar a los docentes que priorizan la enseñanza sin desconocer el derecho a protesta.
Con auditorías y registro nominal, Santa Fe intenta ordenar el conflicto educativo separando la actividad en aula de la acción gremial, para asegurar el inicio del ciclo lectivo en toda la provincia.