El gobernador Ignacio Torres volvió a poner el foco en las decisiones judiciales sobre las condiciones de detención. Esta vez apuntó contra Mariel Suárez, jueza de Ejecución subrogante, por la posible ampliación del tiempo de patio para personas alojadas en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. “Es una tomada de pelo más”, lanzó durante una actividad en Aldea Beleiro.
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El conflicto comenzó con un reclamo de detenidos que cuestionaron la cantidad de horas que pasaban dentro de sus celdas. La Defensa Pública llevó el planteo a una audiencia en la que participaron autoridades policiales y representantes del Ministerio de Seguridad. Allí se discutió cómo reorganizar las salidas para tareas de higiene, limpieza y esparcimiento.
La posibilidad de extender el horario entre las 16 y las 22 fue propuesta por la propia Policía, con una implementación progresiva y condicionada a la convivencia dentro de la dependencia. Suárez pidió un informe sobre esa implementación y dejó pendiente la resolución escrita definitiva del habeas corpus. Por eso, el esquema no significa que todos los detenidos ya tengan seis horas diarias de patio. La audiencia y el alcance de lo resuelto muestran una diferencia relevante entre la propuesta policial y una orden judicial definitiva.
Torres llevó el debate a las víctimas
Esa precisión no frenó la crítica política del gobernador. “Estamos hablando de gente que cometió un delito y parecen estos jueces garantistas estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”, sostuvo. Para Torres, la discusión sobre las horas de patio refleja una Justicia que dedica más atención a los reclamos de los detenidos que a quienes sufrieron delitos.
El mandatario también vinculó el episodio con una polémica anterior sobre la alimentación de los presos. “Hace un mes aproximadamente, cuando nos querían obligar a darle asado a los presos. Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”, afirmó. Con esas declaraciones, convirtió una audiencia sobre el régimen de detención en un cuestionamiento más amplio al criterio que, a su entender, aplica parte de la Justicia.
La Defensa Pública sostuvo que algunos detenidos permanecían cerca de 22 horas diarias encerrados y pidió revisar ese régimen. Las autoridades policiales, por su parte, explicaron que los horarios vigentes respondían a conflictos entre internos y propusieron una ampliación gradual con custodia. Entre esos argumentos y la crítica de Torres queda planteada la disputa: cómo mejorar las condiciones de detención sin descuidar la seguridad, mientras el gobernador reclama que las víctimas ocupen el centro de las prioridades.