El Gobierno de Javier Milei oficializó la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un cambio estructural que apunta a restablecer la competencia y la transparencia en el sector energético. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se implementará a partir del 1° de noviembre y representa uno de los pasos más importantes hacia la normalización del mercado eléctrico argentino.
Te puede interesar
El nuevo esquema reemplaza el modelo centralizado heredado del kirchnerismo, basado en subsidios indiscriminados y precios artificiales, por un sistema de contratación libre entre generadores, distribuidores y grandes usuarios. Además, se reduce drásticamente el papel de CAMMESA, que dejará de manejar las compras de combustibles y de fijar precios, limitándose a funciones técnicas como la administración del despacho y la provisión de última instancia.
Según el texto oficial, el Estado “deja de actuar como empresario para volver a ser garante de reglas claras y precios reales”. Los generadores térmicos volverán a adquirir sus propios insumos, recuperando autonomía operativa.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y señaló: “Sacar al Estado del medio es revertir ese proceso y permitir un funcionamiento sin aprietes, sin corrupción y sin ineficiencias. Un Estado más pequeño es la mejor política para combatir la corrupción; y además nos va a dar más electricidad y más barata”.
El nuevo régimen introduce un sistema de precios basado en costos marginales, que reflejará el valor real de la energía y eliminará distorsiones históricas. Además, se crea un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá contratos bilaterales entre empresas, impulsando inversiones privadas y previsibilidad de largo plazo.
La calificadora Fitch Ratings evaluó que la reforma mejorará el perfil crediticio de las generadoras y atraerá capitales privados. Entre las principales beneficiadas se destacan AES Argentina, MSU Energy y Pampa Energía, que podrán operar con libre contratación y sin intermediación estatal.
Con esta reforma, el Gobierno consolida una de las transformaciones más profundas desde los años 90: un mercado eléctrico libre, competitivo y sustentable, donde los precios reflejan la realidad y la eficiencia reemplaza a la burocracia.