La intervención del Gobierno argentino logró torcer un escenario crítico: la abogada Agostina Páez evitará la prisión en Brasil tras una negociación encabezada por la Cancillería, que permitió reencauzar el caso hacia una salida menos severa.
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El tribunal brasileño resolvió que la imputada deberá cumplir tareas comunitarias en Argentina y afrontar una reparación económica, descartando así una condena de prisión efectiva.
El caso había generado fuerte repercusión y contemplaba inicialmente una posible pena de hasta 15 años de cárcel por una acusación de injuria racial, lo que encendió alertas sobre la situación de la ciudadana argentina en el exterior.
La clave del giro estuvo en la gestión del Consulado argentino en Río de Janeiro, que presentó garantías formales ante la Justicia brasileña para que Páez pudiera continuar el proceso desde el país.
El planteo incluyó el compromiso de cumplimiento de todas las condiciones judiciales, lo que fue determinante para que el tribunal aceptara una alternativa a la prisión.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 14 de enero en Ipanema, tras una discusión en un bar que derivó en un gesto registrado en video y posteriormente considerado discriminatorio por la Justicia.
Durante el proceso, la abogada permaneció en Brasil bajo condiciones restrictivas, incluyendo prohibición de salida del país y el uso de tobillera electrónica, en un contexto que anticipaba un trámite largo y complejo.
La defensa sostuvo que se trató de un hecho aislado, mientras que la propia Páez expresó arrepentimiento y pidió disculpas, elementos que también fueron considerados en la resolución final.
La intervención diplomática permitió evitar un desenlace más grave y garantizar que el proceso continúe bajo condiciones controladas, en una estrategia que priorizó una salida con reparación antes que una pena extrema.