Una nueva decisión judicial volvió a encender el debate sobre la impunidad en causas de corrupción: el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez y parte de su entorno en una causa por evasión millonaria.
Te puede interesar
La resolución, firmada por los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli, se basó en la aplicación retroactiva de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, al considerarla más beneficiosa para los imputados.
El punto clave fue la actualización de los umbrales para tipificar el delito: $100 millones por tributo y por año en evasión simple y $1.000 millones en evasión agravada. Bajo este criterio, varias de las deudas investigadas quedaron automáticamente fuera del alcance penal.
De esta manera, los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 dejaron de ser considerados delito, pese a que actualizados a valores actuales representan cerca de $200.000 millones.
Las cifras originales incluían deudas por IVA y Ganancias que, en su momento, sumaban decenas de millones de pesos por año. Sin embargo, con la nueva interpretación judicial, esos montos ya no superan los límites establecidos por la ley.
El único tramo de la causa que seguirá en pie es el correspondiente a 2012, donde las obligaciones fiscales —más de $290 millones entre IVA y Ganancias— sí exceden los nuevos umbrales y continuarán en juicio.
Desde la fiscalía, Diego Velasco rechazó esta interpretación y sostuvo que la ley representa una simple actualización de valores y no un cambio sustancial que justifique beneficiar a los imputados. Aun así, el tribunal optó por una lectura amplia, amparándose en criterios de la Corte Suprema.
El fallo, conocido a horas del inicio del juicio oral, redefine el alcance de una causa emblemática vinculada a la obra pública. En los hechos, la mayor parte de la evasión investigada durante años queda fuera del proceso.
La decisión vuelve a exponer una tensión estructural: mientras se elevan los estándares legales, los montos reales de evasión quedan relativizados, dejando la sensación de que el sistema judicial sigue sin dar respuestas proporcionales frente a cifras millonarias.