El Gobierno del presidente Javier Milei tomó una decisión clave en materia de defensa nacional y soberanía tecnológica. Una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que el Ministerio de Defensa deberá intervenir de forma obligatoria en todos los proyectos vinculados a radares, observatorios y sistemas aeroespaciales que se desarrollen dentro del territorio argentino.
Te puede interesar
La disposición, publicada este martes en el Boletín Oficial, apunta a prevenir la instalación de infraestructura extranjera con potencial uso dual —civil y militar—, en un contexto marcado por el creciente avance de la influencia tecnológica de China en América Latina.
Fuentes oficiales confirmaron que existen cuatro proyectos actualmente bajo análisis: dos de origen chino, uno estadounidense y uno europeo. El caso más sensible es el del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), ubicado en San Juan, cuya construcción —presentada como iniciativa científica conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet y la Academia China de Ciencias— enfrenta demoras por trabas aduaneras y observaciones de seguridad.
Distintos organismos advirtieron que la infraestructura del CART podría utilizarse para fines de inteligencia o comunicaciones estratégicas, similar a lo ocurrido con la base espacial china en Neuquén, cedida durante los gobiernos kirchneristas.
La resolución firmada por Francos refuerza la supervisión estatal sobre toda instalación con posible uso estratégico o militar, asegurando que el país mantenga el control soberano de su desarrollo científico y tecnológico. La medida se inscribe en el alineamiento diplomático con Estados Unidos, luego del reciente encuentro entre Milei y Donald Trump, donde el mandatario norteamericano manifestó su preocupación por la expansión china en la región.
En paralelo, la Universidad Nacional de San Juan y la Academia China de Ciencias denunciaron demoras en la liberación de componentes retenidos en Aduana, alegando que el proyecto tiene “carácter estrictamente científico”. Sin embargo, el convenio original del radiotelescopio venció este año, dejando la obra en una situación jurídica incierta, que ahora será revisada en profundidad por el Gobierno nacional.
Con esta medida, el Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política de defensa argentina: el país volverá a tener control sobre su espacio científico y tecnológico, evitando repetir el modelo de “colonización silenciosa” impulsado por China durante los gobiernos kirchneristas.