A pocos días de las elecciones legislativas, volvió al centro del debate la reforma laboral, una de las piezas clave del Consejo de Mayo impulsado por el presidente Javier Milei y su equipo económico.
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El secretario de Trabajo, Julio Cordero, reiteró que el objetivo del proyecto es modernizar las relaciones laborales, aumentar la competitividad y terminar con los privilegios sindicales que, según el Gobierno, mantienen atado el empleo formal a un sistema obsoleto. “El objetivo es identificar elementos objetivos que permitan diferenciar la eficiencia y eficacia de cada trabajador, lo que se traduce en remuneraciones acordes a la productividad”, sostuvo Cordero durante su exposición en el Coloquio de IDEA.
El nuevo esquema plantea un modelo de “salarios dinámicos”, en el que la remuneración refleje la productividad real y no la antigüedad o rigidez de los convenios. Según el funcionario, esto permitiría premiar el mérito individual y estimular la eficiencia en todos los sectores.
Uno de los puntos más resistidos por la CGT es la eliminación de la ultractividad, el mecanismo que mantiene los convenios colectivos vigentes después de su vencimiento, incluso cuando cambian las condiciones económicas y tecnológicas.
En la práctica, este sistema ha permitido a los gremios mantener estructuras y beneficios permanentes, bloqueando la actualización de los acuerdos laborales. El Gobierno busca derogarlo y reemplazarlo por negociaciones ágiles, por empresa y por productividad, en lugar de convenios por actividad. “Si dejás de lado la ultractividad y hacés acuerdos privados, vas a generar negociaciones más dinámicas, más relacionadas con la productividad”, explicaron fuentes del entorno laboral.
El otro eje central de la reforma es la voluntariedad de los aportes sindicales. Actualmente, los gremios descuentan de manera automática una parte del salario de cada trabajador, esté o no afiliado.
El proyecto propone que todo aporte requiera el consentimiento individual del empleado, eliminando así la recaudación compulsiva que durante años financió estructuras políticas y burocráticas.
Con esta medida, el Gobierno busca devolver la libertad de elección al trabajador y terminar con la caja sindical obligatoria, considerada una de las principales fuentes de poder económico de las cúpulas gremiales.
La CGT respondió con dureza. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, publicó una carta abierta donde calificó la iniciativa como “una ratificación del Decreto 70/23” y la definió como una “decisión inconsulta”.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el sindicalismo evita discutir el fondo del asunto: que el sistema actual no genera empleo, premia la ineficiencia y desincentiva la productividad.
La modernización laboral es uno de los pilares del Consejo de Mayo, que reúne a empresarios, representantes del Estado y del sector sindical. Desde la Secretaría de Trabajo confirman que ningún tema quedará fuera del debate, y que el objetivo es romper con un sistema rígido y corporativo que solo benefició a las élites sindicales.
Con esta reforma, Javier Milei busca liberar al mercado laboral, fomentar la contratación privada y premiar la eficiencia individual, devolviendo a los trabajadores la libertad de elegir y progresar por mérito propio.