En un gesto de fuerte impacto estratégico, Japón anunció un programa de asistencia tecnológica para reforzar el control marítimo de la Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador frente al avance de flotas pesqueras chinas que operan de manera ilegal o irregular en aguas internacionales cercanas a sus zonas económicas exclusivas.
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La iniciativa, confirmada por la Cancillería japonesa, contempla la provisión de drones de vigilancia, botes patrulleros inflables y sistemas avanzados de análisis de imágenes, con una inversión total de 300 millones de yenes (USD 1,9 millones). Los fondos serán canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con foco en mejorar la detección y el seguimiento de embarcaciones.
La tecnología permitirá identificar buques que desactivan deliberadamente sus transpondedores GPS, una práctica habitual de las flotas chinas para eludir controles. En el Atlántico Sur, esta actividad se concentra especialmente en la denominada Milla 201, límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, donde la presión pesquera creció de forma exponencial en la última década.
Según datos citados por organismos internacionales, la actividad pesquera en esa zona pasó de 61.700 horas en 2013 a más de 384.000 horas en 2023 por cada 500 kilómetros cuadrados. Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina ya reforzó el monitoreo de más de 500 buques extranjeros que se aproximan a la zona durante la zafra del calamar.
El respaldo japonés se inscribe en una política exterior más firme del gobierno de Javier Milei, orientada a defender la soberanía, proteger los recursos estratégicos y fortalecer alianzas con países que respetan las normas internacionales, en un contexto donde la pesca ilegal representa no solo un problema económico, sino también ambiental y geopolítico.